Douglas Soto, nuevo gerente general del BCR.
El Banco de Costa Rica (BCR) confirmó que Douglas Soto Leitón se irá de la entidad financiera en febrero del 2025 sin que se abra una investigación interna en su contra, pese a que un informe de la Unidad de Fraude Interno de la Unidad de Investigaciones del banco sugiere que el gerente general habría incurrido en posible “incumplimiento de deberes”.
Se trata del documento FI-1074-23, el cual se hizo de conocimiento interno desde febrero pasado y fue enviado al Ministerio Público, luego de hacer indagaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificada (Fiind) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR SAFI).
El informe señala que la investigación desarrollada para determinar la responsabilidad de los altos mandos de la entidad en la destrucción de discos duros de computadoras del banco relacionados con la cuestionada compra, determinó que pudo existir incumplimiento de deberes por parte de Soto Leitón por su forma de actuar.
Ante consulta de crhoy el BCR confirmó que no hará apertura de la causa administrativa contra el gerente general pese a los señalamientos de esta documentación que fue enviada a la Fiscalía, la cual no pesó en la junta directiva para tomar la decisión de que no continuara en el puesto.
El banco informó que a partir del 11 de febrero del 2025 Soto no ocupará ningún otro cargo en la institución, pues “el señor Soto hará los trámites de la pensión, posterior a la salida”.
“Después de trabajar 41 años en el Conglomerado, y siete de ellos como Gerente General, es hora de retirarse y darle oportunidad a nuevas generaciones, para que continúen la importante labor que hace el Banco de Costa Rica a la sociedad costarricense”, puntualizó el BCR.
Además respaldaron la decisión en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (artículo 39), sobre la designación de gerentes y subgerentes generales que otorga por un plazo de seis años el nombramiento, el particular con fecha de vencimiento en menos de dos meses.
“Adicionalmente, la Junta directiva General hace varios años definió que la escogencia de las personas para estas posiciones se llevaría a cabo mediante concurso público, para garantizar la transparencia y mayor participación de los potenciales interesados, lo cual se llevará a cabo en los próximos meses”, informaron.
Precisamente el martes 17 de diciembre en horas de la tarde, el BCR notificó a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) mediante el hecho relevante CHR-6017, de manera oficial, que Douglas Soto Leitón no continuaría en el cargo.
En el documento BCR GG-12-847-2024, llamado “Nombramiento interino gerente general” informaron que tomando en cuenta el vencimiento del nombramiento de Soto, se acordó colocar de manera interina a Julio César Trejos Delgado como gerente general interino.
“La Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, en la sesión ordinaria 65-24, artículo XXVII, celebrada el 16 de diciembre de 2024, con ocasión de que el 10 de febrero del 2025 vence el nombramiento, a plazo fijo, del actual gerente general, señor Douglas Soto Leitón, dispuso nombrar, por unanimidad, al Subgerente de Banca Corporativa y Empresarial, señor Julio César Trejos Delgado, como gerente general interino del Banco de Costa Rica, a partir del 11 de febrero del 2025 y hasta el 30 de noviembre del 2025 o antes, en caso de que se nombre, de forma definitiva, al nuevo gerente general, como resultado del concurso público que se realizará. Dicho nombramiento se efectúa con el plazo previo prudencial, con el propósito de realizarse una transición ordenada de las funciones del señor Douglas Soto Leitón al señor Trejos Delgado”, se lee en el hecho relevante.
Informe FI-1074-23
BCR
Los criminólogos del banco se dieron a la tarea de entrevistar testigos, recopilar bitácoras, grabaciones de cámara de video, obtener documentación, entre otras labores, para identificar todos los detalles de posibles relaciones de la destrucción de los discos con la salida Juan Carlos Bolaños Azofeifa, quien fungió como gerente corporativo del BCR y Álvaro Camacho de la O, quien ocupó el cargo de subgerente del mismo departamento hasta el 19 de junio del 2023 cuando los dos renunciaron.
El informe abarcó varios aspectos relacionados con el caso por el cual incluso la Fiscalía Adjunta de Probidad de Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene abierto el expediente 23-017883-0042-PE, en el cual se busca establecer si Bolaños y Azofeifa incurrieron en un delito a la hora de eliminar información de los equipos que el banco les había asignado para sus labores.
No obstante, una testigo entrevistada por el Ministerio Público en la investigación penal por presuntas irregularidades en la compra PEP reveló una supuesta solicitud girada por Douglas Soto Leitón, para proceder con la desaparición de archivos con documentación de interés institucional.
“(…) podría existir un incumplimiento de funciones”, detalla el informe.
La prueba testimonial versa sobre la causa tramitada por la Fapta para esclarecer un aparente sobreprecio irregular en la compra de ese inmueble ubicado en Caldera, en Esparza de Puntarenas, misma en la que también se investiga posible administración fraudulenta.
Según la declaración, la informática recibió orden por parte del entonces gerente de realizar la acción en su oficina el mismo día que ellos presentaron su renuncia, no obstante ella confesó que le indicaron que todo se hizo por “una solicitud girada por Douglas Soto”.
“Para esta unidad, no queda claro, y no se entrega por parte del Sr. Douglas Soto Leiton, evidencia de alguna instrucción de su parte o hacia alguna oficina de control, la interposición de una denuncia pronta y directa sobre los hechos cuestionados, claramente su perfil de puesto indica (… Garantizar el acatamiento del marco normativo de Control Interno, Cumplimiento y Gestión de Riesgos, para promover una cultura de gestión basada riesgos en el Conglomerado Financiero BCR.), lo cual hubiere evitado a todas luces un daño mayor a nivel de opinión pública y sus clientes.
Por lo que podría existir un incumplimiento de funciones, dado al alto nivel del cargo, en la que recomendarse una posible investigación para determinarlo“, revela la investigación que ahora está en manos de la Fiscalía.
El oficio argumenta que existe una posible vinculación entre la destrucción de los archivos con la causa judicial que investiga la compra del PEP al exdiputado Humberto Vargas Corrales por medio de la sociedad anónima 3-101-764316 por $70,8 millones y que cuatro años después el último avalúo le puso un precio de $28 millones.
“Dadas los elementos que se vislumbran sobre el posible deterioro o eliminación de la información ubicada en los equipos y dispositivos entregados a los señores Juan Carlos Bolaños Azofeifa y el Sr. Álvaro Camacho de la O, con la presunta autorización del Sr. Douglas Soto Leitón, entorno (sic) la causa judicial de marras, pareciera que tienen una relación directa con los hechos irregulares y de los cuales se están investigando en vía judicial por la fiscalía especializada, esto con respecto al sobre precio de sus inversiones en el llamado Parque Empresarial del Pacífico“, reza el escrito.
Por esa razón, a lo interno del banco Soto Leitón figura como investigado a raíz de los elementos que lo señalan en la presunta autorización que dio de deshacerse de los discos duros con información sacada de las computadoras de Camacho y Bolaños.
Intentamos conocer la versión Soto, pero no contestó las llamadas que hicimos a su número telefónico.
Posteriormente respondió un mensaje de WhatsApp, indicando que estaba en una sesión de comité y que “con mucho gusto podés tramitar tus consultas a la oficina de prensa”. Enviamos las consultas a esa dependencia del BCR, donde indicaron que las mismas se mantenían en trámite.
Cuando salió a la luz pública el informe en abril de este año, el gerente general, mediante un comunicado, expresó su posición al respecto.
“Rechazo enérgica y vehementemente que mi persona girara alguna instrucción para destruir los discos duros o cualquier otro activo del BCR, por el contrario, tan pronto me enteré de lo sucedido sobre los dispositivos solicité las indagaciones pertinentes”, dijo.
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Carlos Castro
